(Pronunciamiento leído en el memorial del Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chih., el 10 de diciembre de 2014. 66 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)
La masacre de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y la desaparición forzada de 43 de ellos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero; ha colocado al actual régimen autoritario mexicano en una crisis profunda de legitimidad. Ante las muestras globales de repudio de lo que se ha denunciado como un Crimen de Estado, podemos ver una ofensiva política desde Los Pinos. Tras un intento fallido de minimizar los hechos, la protesta social ha convertido el acto de terrorismo contra los normalistas, perpetrado por fuerzas policíacas en colusión con militares, en un enorme e intolerable agravio al pueblo mexicano que ha venido a sensibilizar a amplios sectores de la sociedad sobre la situación de emergencia nacional en que nos encontramos.
Ante esta enorme presión social, en un intento por demás perverso al querer aminorar la protesta, Enrique Peña Nieto enunció el pasado 27 de noviembre una serie de medidas en materia de Seguridad que, consideramos, vienen a fortalecer la Estrategia de Guerra que ha bañado en sangre al país, estrategia impuesta a la sociedad mexicana por su antecesor Felipe Calderón Hinojosa.
La gran crisis del sistema económico global ha impuesto a las grandes potencias la agenda de la guerra.
A partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos proclamó la “guerra contra el terrorismo”. Lo anterior se trata de un nuevo tipo de guerra global para responder a una crisis civilizatoria, que avanza hacia una etapa de Estado de Excepción Permanente violentando sistemáticamente los Derechos Humanos de millones de personas alrededor del mundo y restringiendo Derechos Políticos y Libertades Constitucionales en las llamadas “Democracias Occidentales”.
La doctrina de guerra global contra el terrorismo básicamente profundiza la irracionalidad de la guerra, construyendo mediáticamente la idea del “terrorista” como un peligro permanente que acecha y puede atacar en cualquier lado. Esto supone un cuidado militar permanente por parte de los Estados a sus ciudadanos aún a costa de la libertad, como botón de muestra tenemos la emblemática Ley Patriótica dictada en Estados Unidos en el mismo 2001 después de los atentados a las torres gemelas de Nueva York, estableciendo de facto que los ciudadanos norteamericanos ceden su libertad a cambio de su seguridad. En este contexto, la Reforma a la Ley Nacional de Seguridad aprobada en México en el 2010, vino a legalizar que el Ejecutivo suspendiera las garantías en caso de un ataque interior por parte del crimen o el terrorismo.
En México, la estrategia de “guerra contra el crimen” impuesta por Felipe Calderón, siguiendo la agenda de seguridad del Departamento de Estado Norteamericano y apoyándose en la Iniciativa Mérida, reproduce en lo nacional la guerra global contra el terrorismo. Mediáticamente el Estado Mexicano ha usado a los carteles del crimen organizado que operan en México como el fantasma de un peligro permanente al cual se vuelve necesario hacer frente por la vía militar.
Desde el 2012 con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República, la estrategia de guerra no se ha detenido y ni siquiera replanteado, por el contrario, se sigue reproduciendo y pervirtiendo, dejando un altísimo costo de sangre para el pueblo de México. Desde el 2006 a la fecha ha habido más de 150 000 muertes violentas en total impunidad relacionadas a este conflicto, más de 25 000 desaparecidos y alrededor de un millón de desplazados.
En este contexto, las violaciones a los Derechos Humanos donde se incluyen casos graves de ejecución extrajudicial como en Tlatlaya y crímenes de lesa humanidad como desaparición forzada y tortura, se han incrementado dramáticamente constituyéndose en una práctica sistemática del Estado Mexicano. Nos hemos convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. También se han incrementado los casos de asesinatos a luchadores sociales y el fenómeno del feminicidio se ha extendido por todo el país de la mano de la guerra.
La estrategia de “guerra contra el crimen” ha mostrado su rotundo fracaso desde el principio en lo que formalmente dice perseguir: acabar con el crimen. Por el contrario, el crimen se ha fortalecido en México y hoy es más evidente la gran colusión existente entre los carteles criminales y las altas esferas del gobierno. Como se vio en Michoacán con las fuerzas federales acosando a las Autodefensas Unidas, en vez de perseguir al cartel de los Caballeros Templarios. Así se vio también en el mismo crimen cometido en Iguala contra los normalistas rurales de Ayotzinapa, donde participó la Policía Municipal de Iguala en coordinación con un supuesto grupo criminal denominado “Guerreros Unidos” y bajo la protección de las fuerzas estatales de Guerrero y federales, incluyendo al ejército. Se trata, pues, de un patrón recurrente.
Lejos de haber acabado con el crimen o siquiera disminuirlo, la estrategia de guerra se ensaña con los luchadores sociales; persiguiéndolos, criminalizándolos, encarcelándolos y/o asesinándolos. Los casos de José Manuel Mireles, líder de las Autodefensas Unidas de Michoacán, y Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero; ambos presos por defender a sus comunidades de los ataques del crimen organizado son dos casos sumamente ilustrativos. Así mismo, esta tendencia represiva a partir de la guerra, se verifica en el intento de tratar a los presos políticos detenidos arbitrariamente durante las protestas como criminales y terroristas que atentan contra una no definida “Paz Pública”.
En su reciente mensaje a la Nación “Por un México en paz, con justicia, unidad y desarrollo” Enrique Peña Nieto, intenta nuevamente desmarcar al gobierno federal y estatal de lo sucedido el Iguala, remitiendo los hecho a un ataque de un supuesto “crimen organizado” que tiene supeditado a policías y autoridades meramente municipales. Se trata de negar per se la participación de fuerzas federales y militares en este crimen, descalificar cualquier planteamiento en el sentido de que sea el crimen organizado un brazo más de las fuerzas represivas del Estado. Es decir, negar que los distintos órdenes de gobierno, en tanto se han entregado a los grandes capitales legales e ilegales, supeditan las distintas esferas de la lucrativa criminalidad a los intereses de los grandes grupos de poder económico.
En este sentido, el ofrecimiento de no impunidad, verdad, castigo a los culpables y reparación del daño, deja fuera cualquier cuestionamiento al ejército, policías federales o al mismo Ejecutivo. Para el Gobierno Federal, en la tragedia de Iguala tenemos “condiciones inaceptables de debilidad institucional”, lo que parte de la idea ampliamente difundida de un Estado que “falla” en su objetivo de mantener un estado de derecho, pero este planteamiento viene a contrastar con la versión de los estudiantes normalistas sobrevivientes en el sentido de la participación y/o omisión activa de todas las policías y el ejército, viene a contrastar con la eficacia en los despliegues militares y de policías federales, con el fortalecimiento de grandes negocios al amparo del Estado. Nos hablan de “debilidad institucional” pero las reformas estructurales han convertido a México en un ejemplo mundial en materia económica desde la perspectiva del “Consenso de Washington”. Vemos, pues, que esa “debilidad institucional” solo se presenta a la hora de dar justicia a los pobres, pero lejos está de presentarse a la hora de garantizar los intereses económicos de los grupos de poder nacionales y extranjeros, por el contrario, podemos observar el fortalecimiento de los mecanismos represivos del Estado a la hora de defender a este sector.
Peña Nieto, en su mensaje a la nación, nos llama a fortalecer el Estado de Derecho “No se puede exigir justicia violando la ley” -nos dice-, pero no reconoce que su gobierno se ha dedicado aplicar leyes lesivas al interés de nuestro pueblo, violando todo principio de justicia social. Su discurso asume el compromiso de liberar a México de la criminalidad, pero la criminalidad la remite, por ejemplo, al narcomenudeo, un delito que tiene que ver más con la pobreza en que estamos el grueso de la población debido a un proyecto económico excluyente impulsado por su mismo gobierno, el mismo que pretenden imponer, reforzado, a los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas para “sacarlos del atraso”. Un vistazo a las luchas de estos estados le daría luz al Ejecutivo Federal de la negación de estos pueblos a los mega-proyectos, a los negocios agroindustriales, a las políticas de “desarrollo” que niegan la identidad de los pueblos originarios y que devastan nuestro medio ambiente.
La propuesta de Peña Nieto habla de policías únicas estatales, de delaciones al número telefónico 911, de ubicarnos e identificarnos a todos los y las mexicanos, de más operativos policíacos y militares “especiales” en Tierra Caliente. En síntesis, su planteamiento es mantener y reforzar la GUERRA.
La estrategia de guerra en México se demuestra como falsa ya que en realidad responde a otros intereses económicos y políticos de tendencia globalizadora, con la complicidad del Estado Mexicano, de grandes grupos empresariales y de los grandes grupos criminales para desgracia del pueblo raso. Tal parece que para el Estado Mexicano impulsar la vigencia plena del Estado de Derecho, no es otra cosa que defender, impulsar e imponer por la vía policíaca y militar los proyectos económicos que se desprenden de las nuevas reformas estructurales. El Estado de Derecho, nos comunica implícitamente el ejecutivo federal, es solamente el Estado de Derecho para los grandes capitales que desplazan y destruyen un deseable proyecto de justicia social de los y las mexicanos. La columna vertebral que sostiene esta nueva estrategia de dominio del imperialismo en México como ha sucedido en muchos momentos de nuestra historia, es ahora la estrategia de guerra, por lo que se hace necesario detenerla como primer paso en la construcción de una nueva sociedad, más justa y más humana.
Es por eso que convocamos a toda la sociedad mexicana, a nuestros connacionales en el extranjero, a las organizaciones políticas y sociales que hoy luchan en México, a los Centros de Derechos Humanos, a las víctimas del Estado, a las víctimas de la violencia, a las víctimas del abuso policíaco y/o militar, a las feministas, los ecologistas y la comunidad LGBTT, a los grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias, a la comunidades indígenas, a los ejércitos insurgentes, a intelectuales, periodistas y artistas, a la comunidad estudiantil, a todos los universitarios, a familiares de desaparecidos, a familiares victimas del feminicidio, a grupos de ciudadanos organizados y a víctimas de la extorsión... los convocamos a exigir el FIN INMEDIATO de la estrategia de guerra.
El Estado Mexicano es un Estado Criminal cuya principal agenda es mantener la estrategia de guerra contra el crimen, eje vertebral que sostiene todas las reformas estructurales que demanda el gran capital.
En este aniversario de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde Ciudad Juárez, Chihuahua decimos: NO QUEREMOS ESTA MENTIROSA GUERRA.
Nos oponemos al Plan de Seguridad dictado por Enrique Pena Nieto
Exigimos la presentación con vida de los y las desaparecidos.
Exigimos alto a la militarización y paramilitarización del país.
Exigimos reparación de daños y justicia en todos los crímenes de guerra.
Exigimos liberación inmediata de los presos políticos del país.
Exigimos el fin del feminicidio.
FRENTE AYOTZINAPA JUÁREZ
El Frente Ayotzinapa Juárez repudia los cobardes asesinatos del universitario Élmer García Archuleta y dos miembros más de su familia, quienes fueron “levantados” por un comando armado el pasado 6 de diciembre y encontrados ejecutados en el poblado de San Agustín, en el valle de Juárez el pasado 11 del presente mes. Compartimos la profunda indignación por estos terribles crímenes que vienen a sumarse a los más de 150 mil ejecutados en total impunidad, a los más de 25 mil desparecidos y desaparecidas y los más de un millón de desplazados que la supuesta “guerra contra el crimen organizado” ha dejado a lo largo y ancho del país desde que el ex-presidente Felipe Calderón Hinojosa desplegara de manera anticonstitucional las fuerzas militares y las policías militarizadas.
